Trabajadora social por profesión y vocación, es un referente en materia de Servicios Sociales tanto en Albacete como en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Participó durante la Transición en la profesionalización de Servicios Sociales, que supuso el cambio del concepto de “beneficencia” como acto de caridad, al de “bienestar social” en un sentido de defensa de los derechos de todas las personas a vivir con dignidad. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad como Delegada Provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, Consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Adjunta Segunda de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha y Coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Albacete.